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miércoles, 2 de noviembre de 2011

Ponencia de Danilo Medina ante AIRD


Señores Directivo(a)s y Miembros de la Asociación de Industria de la República Dominicana
Ing. Hipólito Mejía, candidato presidencial del PRD
Distinguidos invitados
Amigos todos

Es un gran honor para mí tener la oportunidad de compartir este espacio de reflexión y diálogo con el sector industrial de nuestro país, que es uno de los motores fundamentales del crecimiento y el progreso de nuestra nación.

Gracias a todos por permitirme hablarles hoy sobre el nuevo proyecto de país que me propongo ejecutar cuando llegue a ocupar la Presidencia de la República.

Y hablo de proyecto de país porque, en realidad, lo que quiero realizar va mucho más lejos que un plan de gobierno; lo que deseo llevar a cabo es una verdadera transformación del modelo de desarrollo de nuestro país, un cambio que nos permita dar respuesta a las necesidades de las grandes mayorías.

Amigos y amigas,
Asistimos en todo el mundo a un momento excepcional de la Historia y debemos estar preparados para aprovechar esta coyuntura. Vivimos el final de un modelo económico y social que se agota y la oportunidad de construir un nuevo modelo, un nuevo pacto social y económico en el que, esta vez sí, todos tengan las mismas oportunidades.

Ya comprobamos que no es suficiente con que el país crezca en sus cifras macroeconómicas. Es necesario, además, que esa riqueza generada se transforme en justicia social. Es hora de repartir este crecimiento y hacer que llegue a todas las personas, a todas las regiones, a todas las ciudades y a todos los campos de nuestro país.

Por eso, debemos trabajar en propuestas concretas que conviertan a nuestra industria y toda nuestra economía en una máquina  para generar puestos de trabajo dignos.

Pero este difícil objetivo solo será posible si actuamos con responsabilidad, realismo, y basándonos en un conocimiento profundo de la realidad dominicana.

Los que me conocen lo saben bien, yo no soy un hombre que improvise, que tome decisiones impulsivas, ni que hable sin pensar. Yo soy un hombre de palabra, que actúa desde la reflexión y que escucha las demandas del pueblo dominicano para darles respuesta. 

Soy además un hombre de consensos, consciente de que un buen gobierno solo es posible con unidad y concordia.

Desde esa voluntad y convicción, desde esa confianza que me da saber que estoy en la capacidad de cumplir lo que digo, les hago llegar hoy mis propuestas y mis respuestas a las cuestiones que me han sido plateadas por ustedes.

Amigos y amigas,
La República Dominicana necesita un nuevo modelo de desarrollo. No podemos seguir compitiendo con salarios de hambre, baja productividad y una enorme brecha de desigualdad.

Pero para lograr un objetivo de esta naturaleza es preciso recuperar el rol del Estado, renovar la confianza, credibilidad y efectividad en la gestión pública y mostrarle a los hombres y mujeres de nuestro país que estamos trabajando para ellos, de la mano con ellos, para reducir la exclusión social y la baja calidad de vida, elevar nuestra competitividad, lograr una mayor integración de las mujeres y los jóvenes al empleo, reducir las desigualdades, darle una adecuada protección a nuestros mayores, garantizar la seguridad pública y jurídica e implementar una política fiscal justa y sostenible, al servicio del desarrollo.

En definitiva, debemos renovar la manera de hacer política y poner toda la maquinaria del Estado al servicio del bienestar común, del progreso de todos y todas.

Y esta es la tarea que me propongo emprender, pero consciente de que para lograrlo es preciso crear un gran consenso nacional, en el que todos los sectores sociales y empresariales, los políticos de oposición y el propio gobierno, se comprometan en un pacto social y económico que asegure la estabilidad democrática, la certidumbre para los inversores y la producción de riqueza y de bienestar para todos.

Este modelo de desarrollo se basa en cinco grandes compromisos que asumo yo como candidato en primer lugar y que serán el centro de la actividad del Estado durante el próximo periodo presidencial, si los dominicanos y dominicanas deciden que sea su Presidente.  Esos compromisos son;

En primer lugar, garantizar y defender la ética, efectividad y transparencia de la gestión pública.

En segundo lugar, luchar contra la pobreza y la exclusión como objetivo prioritario.

En tercer lugar, hacer llegar educación, salud y condiciones de vida dignas a toda la población dominicana.
En cuarto lugar, garantizar la seguridad ciudadana en todo el territorio nacional.
Y, por último pero no menos importante, crear un nuevo modelo económico competitivo, incluyente y sostenible.

Sobre esas ideas y propósitos es que estamos estructurando nuestro programa y plan de gobierno e identificando las acciones que debemos emprender para lograr ejecutarlo, de manera que no se quede en un rosario de buenas intenciones.


Hecha esta introducción paso ahora a dar cumplida respuesta a las inquietudes planteadas por el sector industrial, al que ustedes representan, y que son también cuestiones de interés para el conjunto de la sociedad dominicana.



Veamos:
1-Sector eléctrico
Después de tres décadas de crisis eléctrica, el país se dio dos  reformas que quedaron plasmadas en la Ley de Reforma de la Empresa Pública, aprobada en 1997,  y la Ley General de Electricidad, aprobada en 2001.

La filosofía de ambas reformas era sacar al Estado de un conjunto de actividades empresariales que estaba manejando mal,  y fortalecer la posición del Estado en el diseño de la política, la planificación,  la regulación y la fiscalización sectorial.

 Todo esto se hizo con el objetivo de desarrollar un sistema eléctrico eficiente, confiable, económicamente dimensionado, que pudiera sostenerse y expandirse bajos sus propios pies y liberar al Estado de las transferencias de recursos que debían destinarse a otros fines.  Justamente por ello la ley crea una Comisión de Energía, una Superintendencia de Electricidad y un Organismo Coordinador.

No fue que la reforma fracasó; es que no la hemos aplicado. Dividimos la CDE y capitalizamos el segmento de generación y distribución, pero fuera de eso jamás hemos aplicado  los elementos fundamentales de la reforma. De hecho,  readquirimos las empresas distribuidoras bajo la premisa de que en manos estatales podrían operar mejor.

Se ha tenido temor en cobrar la energía a muchos sectores que pueden y deben pagarla; se ha tenido temor en diseñar y aplicar la tarifa eléctrica en los términos establecidos en la ley.

Movidos por un viejo sentido de urgencia, hemos preferido los arreglos de grado a grado con los generadores a someter la compra y venta de energía a la licitación pública que dicta la ley.

Como consecuencia, la reforma atrajo enormes inversiones en generación, pero al carecer de los necesarios lineamientos oficiales en términos de tecnología, costo y ubicación, y de procesos adecuados de licitación,  la misma resultó muy cara.

Los organismos llamados a manejar con independencia las responsabilidades públicas en el sector, no han sido lo suficientemente enérgicos en el ejercicio de sus funciones.
En resumen, ni hemos dejado o exigido que el sector privado haga su trabajo en el campo empresarial, ni hemos permitido y exigido que las entidades públicas cumplan sus funciones misionales de  planificación, diseño de políticas, regulación y fiscalización  del sistema.

Sin enfrentar los problemas de la distribución, y sin directrices en la entrada de nueva generación, el rápido incremento de la oferta de energía y potencia se tradujo en un dramático incremento del déficit global de la industria y en  demanda de recursos del sector público.

Debemos retomar el camino. Hay que volver a transferir las empresas de distribución al sector privado y dejar que esas empresas hagan su trabajo. Debemos promover la inversión privada en la generación, en base a la competencia que establece la ley y dentro de los lineamientos tecnológicos y de costos que establezcan los organismos reguladores. 

Debemos  tener el valor  necesario para aplicar la ley sin privilegios, confiados en que la ley será guía suficiente para orientar las acciones del sector privado y de las instituciones  responsables de la política pública en el sector eléctrico.


2-.  Carga tributaria competitiva
Ya dije al principio que nuestro objetivo es alcanzar nuevos niveles de desarrollo y justicia social, pero eso  necesita de políticas sociales y económicas que deben ser financiadas.

Para lograrlo es preciso, junto al pacto social, alcanzar un pacto fiscal que incluya metas y compromisos claros del Estado y la sociedad que permitan destinar más recursos a la inversión social y económica de calidad.

Es decir, debemos llegar a definir qué metas de desarrollo concretas tenemos, cuánto cuestan y cómo vamos a obtener los recursos que nos permitan alcanzarlas.
Esa es la única manera de hablar seriamente de desarrollo.

En ese debate no podemos obviar aspectos cruciales, como la reducción de la evasión o la mayor justicia fiscal con una mejor distribución de la carga, que nos equipare a la competencia internacional.

Como contrapartida deberá asegurarse más transparencia y efectividad en la gestión del gasto público, mediante la construcción de una cultura ética y moral que elimine el despilfarro, con inversión  social  y económica de mayor calidad y asignada a prioridades consensuadas y garantizadas.

Mi compromiso y el de mi gobierno será propiciar la fiscalización, monitoreo y evaluación social, así como garantizar la calidad y sostenibilidad del gasto público.

Desde ahora puedo compartir con ustedes mi criterio de que no soy partidario de la creación de figuras impositivas transitorias para resolver problemas de coyuntura. En ese sentido, creo que tanto el impuesto a los activos financieros, a los cheques, y el reciente incremento de la tasa del impuesto sobre la renta, deben cesar, y también debe ponerse en plena vigencia la Ley de Proindustria en lo relativo al pago de ITBIS.

También creo que no debe irse más allá del tiempo previsto en las recientes modificaciones introducidas. Obviamente, esto tiene que llevar implícita la necesaria preservación del equilibrio fiscal.

La política presupuestaria se concentrará en hacer que los recursos de los contribuyentes sirvan para hacer innecesarias las soluciones individuales a los servicios públicos.



3-.   Fomento de las exportaciones
Sólo convirtiéndonos en una sociedad exportadora podremos superar la pobreza y la exclusión social. Se trata de un gran esfuerzo de largo plazo que deberá transformar profundamente la sociedad dominicana. 

Debemos plantearnos, en forma realista y comprometida, la posibilidad de crear los cimientos de una sociedad exportadora y que, al mismo tiempo pueda abastecer en forma competitiva el mercado interno. 

Un objetivo de esa naturaleza nos obliga a hacer muchas cosas, entre ellas, reestructurar el enfoque de la estrategia nacional de promoción de las exportaciones.

Debemos construir una visión basada en la articulación productiva, en la mejora de la plataforma financiera, en mano de obra capacitada, en nuevas destrezas emprendedoras, en un mayor y mejor uso de nuevas tecnologías y en la identificación de nichos de mercado latentes, entre otras. 

Es preciso además, iniciar una nueva generación de dominicanos bien educados, ampliar y mejorar la infraestructura económica, así como fortalecer nuestras instituciones judiciales y políticas.

No se trata de nada fácil. Hablamos de un objetivo cuya consecución excede, por mucho, los cuatro años de un periodo de gobierno. Pero si no empezamos, nunca llegaremos. Y en ese sentido, entre las acciones que nos proponemos implementar se encuentran:

Crear un banco de desarrollo y exportación en la República Dominicana que provea posibilidades de financiamiento de pre y post embarque.

Incrementar el apoyo a los clusters con alto potencial exportador
Reformar la Ley 98-03 en procura de fortalecer el CEI-RD.

Establecer el programa de Seguro de Crédito Comercial para exportadores.

Evitaremos que los productos exportables sean afectados con algún tipo de cargo o gravámenes sin importar en el régimen que se originen.

Y en esto último, parto del principio de que las exportaciones no deben incluir en sus costos impuestos indirectos a la producción.

Asimismo, la producción destinada al mercado local no debe ser discriminada negativamente por el sistema tributario, a favor de las exportaciones o de los competidores extranjeros.

Nos aseguraremos de establecer las disposiciones necesarias para que todos los productores nacionales operen en un sistema sin distorsiones tributarias.

Aunque me propongo mejorar los mecanismos de promoción y protección a las actividades de exportación en general, en el caso particular del pequeño exportador, quisiera establecer un  mecanismo automático que les facilite el financiamiento para su primera operación, y aquellos que demuestren que han realizado exportaciones, deberán ser reconocidos y estimulados mediante el acceso preferencial a alguna ventanilla especializada de crédito. A este respecto se están estudiando algunas posibilidades.

Asimismo, cuando hablamos de fomento a las exportaciones tenemos que hablar del turismo, el vehículo de exportaciones indirectas más formidable con que cuenta la República Dominicana.

De ahí que lo consideramos la locomotora del desarrollo, por su capacidad de arrastrar a los demás sectores: agropecuario, industrial, construcción, transporte… Y en ese sentido les reitero nuestra disposición de avanzar hacia la meta de duplicar el número de turistas que nos visitan en un periodo no mayor de diez años.


Las zonas francas son importantes como fuente de ingreso y trabajo. Sin embargo, existe una pérdida de sustentabilidad de las Zonas Francas, por lo que éstas deben tratar de mejorar su fase productiva, pasando de una manufactura de ensamble a una de mayor valor agregado, y aquellas con mayor valor agregado pasar a la “mente factura” o mano de obra intensiva en conocimiento.

Se requiere una estrategia enfocada a elevar la capacidad competitiva de las empresas de zonas francas y sectores que la conforman, apostando a un modelo productivo sostenible en los mercados globales y con mayor articulación con la industria nacional.

Naturalmente, no puede existir privilegio entre las empresas ubicadas en un sector al competir con los productores nacionales en el mercado interno, pues esto es injusto, distorsionante, e innecesario.

Haremos que el comercio exterior, la promoción de las exportaciones, el turismo y la inversión se conviertan en la actividad principal de nuestras Embajadas y Consulados.


4-.Politica Comercial
Los tratados comerciales deben firmarse para favorecer las posibilidades de desarrollo del país, pues somos una isla, con mercado interno pequeño, y el mundo debe ser nuestro gran mercado. En ocasiones se firman porque no queda otra opción para evitar quedar en el aislamiento, pero no porque sus términos sean favorables a la expansión de las exportaciones nacionales.
La firma de un tratado, por sí solo, no garantiza nada, y, si los asumimos pasivamente podrían hasta resultar contraproducentes. Es decir, reducir nuestros aranceles a cambio de que otros hagan lo mismo con los suyos, sólo puede funcionar si acomodamos las políticas internas, macroeconómicas y sectoriales, al objetivo de producir más en cantidad y calidad tanto para exportar como para abastecer al mercado interno en forma creciente, sostenida y dinámica. Y, si, además, el Estado aporta la logística, refuerza las instituciones de apoyo y da sustento sostenido al aparato productivo. 
O sea, no debemos depender de los tratados como si fuesen una panacea, sino de la fuerza y calidad de nuestras propias políticas.
En mi gobierno la producción será un eje fundamental, de modo que los tratados dejarán de ser de una vía, de afuera hacia adentro, y los aprovecharemos a plenitud desde adentro hacia afuera. Y eso significa orientar las políticas hacia esa finalidad. Daremos a estos tratados contenido positivo para el país y si hubiera que revisar algo, entonces lo haríamos, pero no sin  realizar el esfuerzo interno necesario para sacarles el máximo provecho.
En cuanto a la firma de nuevos acuerdos, los examinaríamos por sus propios méritos, caso por caso, y siempre en comunicación permanente con representantes del eje productivo y exportador, bajo la consigna de que hay que estimular la producción de calidad, eficiente y competitiva, como la única manera de elevar los ingresos y promover fuentes de trabajo digno.
En lo que respecta a Haití, el intercambio comercial merecerá una alta prioridad. Pero estas relaciones son complejas, pues se trata de la nación con la que compartimos frontera y desde la que se origina un flujo masivo de emigrantes ilegales hacia el país. En ese sentido, nos proponemos reordenar estas relaciones en atención a los intereses nacionales, con visión integral y no solo mirando un aspecto de la cuestión, como es el intercambio comercial. Pero en el punto específico del comercio nos proponemos intensificarlo, pues es de conveniencia mutua, para lo cual propondremos vías institucionales.
5-.Financiamiento
Lo primero que debemos estar todos conscientes es de que un requisito para el buen funcionamiento del sistema financiero es el de que haya  un entorno macroeconómico estable, coherente y con visión de largo plazo. 

Pero no solo se requiere de un entorno macroeconómico estable y coherente.  La regulación y supervisión bancaria debe ser efectiva, a fin de evitar crisis bancarias de muy elevado costo para toda la población, sobre todo para aquellos sectores de menores niveles de ingresos.

El país seguirá por muchos años pagando un costo muy alto no solo como consecuencia de las malas prácticas bancarias que se desarrollaron en varios intermediarios financieros, pero también debido a la  escasa o insuficiente fiscalización.

De ahí la importancia de mantener el equilibrio de las variables macroeconómicas alcanzadas en los gobiernos del PLD, pero haciendo énfasis en que la estabilidad no puede verse como un fin en sí mismo, sino para desarrollarnos y crecer.

Recientemente las autoridades monetarias y financieras dispusieron una flexibilización importante para la evaluación de los riesgos de los préstamos comerciales al permitir, de manera transitoria (dos años), que los mayores deudores, es decir aquellos que tienen préstamos por encima de RD$15.0 millones, puedan ser evaluados y provisionados sus riesgos sobre la base del historial de pago y no de la capacidad de pago del deudor. 

Esto era un reclamo tanto de los sectores productivos como de las propias entidades de intermediación financiera y de la entidad que los representa.  Apoyamos esa medida.
Además, pienso que todos debemos hacer esfuerzos para incrementar el proceso de bancarización en el país, pues conforme a cifras tanto nacionales como internacionales, el país tiene uno de los niveles más bajos de la región.

Actuando sobre los elementos que acabo de mencionar, se crearán mejores condiciones para que el crédito fluya con más agilidad hacia la producción. En adición, estoy trabajando con mi equipo técnico en la identificación de modalidades que permitan un crédito más fluido, ya sea en términos de la creación de fondos de garantía, y/ o la revisión de algunos elementos de las normas bancarias.

En cuanto a la banca de desarrollo lo importante no es el nombre, sino la función. Y como ya he explicado, estoy empeñado en desarrollar estructuras que sirvan esa finalidad.


6-. Defensa Comercial
El plan es sencillo: orientar todas las políticas del Estado hacia el objetivo de expandir la estructura productiva y la producción nacional. Y decimos todas las políticas, lo que significa fiscal, monetaria, cambiaria, crediticia, comercial, industrial, agropecuaria, transporte, electricidad, educación, salud, institucional, entre otras, concibiendo al Estado como facilitador amigable del desarrollo productivo, como apoyo permanente a esas actividades.

Lo anterior significa convertirnos en cada vez más competitivos, con el respaldo pleno de las políticas públicas y a la espera de que la esfera productiva haga su parte también. Esa es la receta para contrarrestar las importaciones masivas: producir más, con calidad mundial, siendo competitivos.

Respetaremos y reforzaremos las instituciones para que cada una de ellas juegue el papel que le corresponda, incluyendo las que tienen responsabilidad de garantizar el comercio justo, limpio, leal. Y enfrentaremos el contrabando, la subvaluación de precios y toda forma ilegítima y desleal de comercio.

Por otra parte, no subordinaremos el interés nacional a la contratación de préstamos que incorporen la compra atada de bienes que puedan ser producidos en el país en calidad y costo competitivos.

Para nosotros el endeudamiento es una herramienta que predominantemente deberá ser usada para incrementar la base de capital, y jamás para inhibir, ni mucho menos destruir la capacidad de producción local. El préstamo atado que lesiona nuestra capacidad productiva incorpora un costo que no estamos dispuestos ni a asumir ni a permitir.


7-. Recursos humanos 
En gran parte del mundo en vía de desarrollo existe con fuerza el fenómeno de la informalidad, e incluso también tiene algún peso en países desarrollados.

El lado positivo de esto es que muestra que en la sociedad existe una capacidad marcada de sobrevivencia y espíritu emprendedor y creativo. El negativo es que se trata de un mercado informal que no provee protección social a los trabajadores, y en el que proliferan algunos negocios en competencia desleal con el mercado formal.

Luchar contra esta segmentación es un imperativo, tanto por razones sociales como económicas. Un país no podrá nunca alcanzar ni aproximarse al desarrollo mientras una parte significativa de la población se encuentre al margen de la legalidad y fuera del alcance de la protección social. 

De ahí mi compromiso de que el seguro familiar de salud llegue a todas las familias.  Así como el de desarrollar planes de incorporación de pequeños negocios a la economía formal mediante estímulos de toda índole.

Las políticas económicas girarán todas en apoyo al sector formal de la economía.
Respaldaremos las iniciativas de los trabajadores y empleadores que propicien el incremento de la competitividad y la creación de empleos dignos.

Trataremos de que no haya una frontera invisible, según la cual un grupo tiene que cumplir las leyes y otro no. La ley aplicará para todos. No puede haber actividades económicas con dispensa de cumplir la ley, mientras otras son objeto del escrutinio riguroso de las autoridades.

Por otro lado, somos conscientes de que, efectivamente, existen grupos organizados que se aprovechan de fisuras en la ley laboral y en nombre del derecho se dedican a acosar a innumerables empresas por medio de las vías judiciales. Vamos a combatir a esos grupos por medios legales, y a aplicarles el peso de la ley y de la autoridad, ya que han integrado una estructura creada para hacer daño a la sociedad y eso es inadmisible.



8-. Educación 
Quiero, antes de hablar de mis propuestas en ese ámbito, poner sobre la mesa algunos datos para dejar de lado la demagogia y hablar como siempre me gusta hacerlo, con el rigor y la verdad.
En 1996 el PLD encontró el gasto en educación en 1.9 % del PIB,  y en cuatro años lo llevó al 2.6% del PIB. En el 2000, nuestros opositores encontraron el gasto en educación en 2.6% del PIB y lo entregaron en el 2004 reducido a la mitad, exactamente en 1.3% del PIB.  En 2012, tras 8 años de gobierno del PLD, lo habremos elevado al 3.0% del PIB.

Así es que, mientras proclama que la educación es su mayor prioridad, el PRD en dos de sus tres periodos de gobierno, incluido el de 2000 al 2004, ha encontrado el gasto en educación en un nivel y lo ha entregado en un nivel muy inferior.

Por su parte, el PLD, en crisis o prosperidad, ha aumentado considerablemente el gasto en educación con respecto al que encontró en todos sus periodos. De hecho, el PLD es el único partido que año tras año, sin excepción, durante casi doce años, ha incrementado el gasto en educación como porcentaje del PIB.

Creo que estas cifras arrojan mucha luz sobre la realidad, sirven para cerrar este falso debate que algunos quieren imponer y muestran dónde está la verdadera voluntad de impulsar la educación en este país. 

Sin embargo, es justo reconocer también que los esfuerzos realizados hasta ahora no han sido suficientes y aún queda trabajo por hacer.

Por eso, personalmente, he firmado un documento en el que me comprometo formalmente a asignar el 4% del PIB al sector educativo en 2013. Hoy reitero aquí mi compromiso solemne y responsable con el país en este sentido.

Pero no sólo la asignación presupuestaria es importante en este caso, es necesario tener una estrategia clara sobre la que volcar ese esfuerzo económico.

Por eso, trabajaré para garantizar que todos y todas tengan acceso a una educación de calidad que nos permita formar una ciudadanía libre, crítica, creativa y solidaria.
Mi propuesta es ampliar gradualmente a 8 horas la jornada escolar y garantizar, además, la alimentación y la salud para la población escolar.

Necesitamos hombres y mujeres que valoren la vida comunitaria, la participación, la democracia, la justicia y que estén preparados para insertarse en el mercado laboral con la confianza de que su formación les abrirá las puertas a un futuro de oportunidades. Y para lograrlo, en primer lugar, tenemos que romper el círculo vicioso de la pobreza. El primer objetivo será, por tanto, garantizar que ningún niño queda fuera del sistema educativo porque debe ir a conseguir su sustento. El sustento y la salud, los encontrará en la escuela, donde debe permanecer y formarse para construir un mejor país.

Además, pondré en marcha un sistema nacional de innovación y aprendizaje, para articular el sector productivo con el sector académico para acercar a los jóvenes a su primer empleo y sacarlos de la frustración que empuja a muchos a la migración o la delincuencia.



9-. Instituciones al servicio de la producción
El momento actual requiere que nos planteemos un reordenamiento de las estructuras administrativas del Estado, con el propósito de ajustarlas a las nuevas realidades y hacer más eficiente su funcionamiento.

En este sentido, hemos iniciado una evaluación del aparato burocrático del gobierno  con el propósito de formular un plan de reestructuración para ser ejecutado gradualmente, empezando su implementación por las áreas económicas y las de asistencia social.

En este proceso, mi deseo es trabajar de la mano con todos los sectores productivos, para garantizar que las estructuras burocráticas sirven al proyecto de país que queremos construir entre todos.

Hablamos, como decía al principio, de poner las instituciones al servicio del nuevo modelo de desarrollo con justicia social y de garantizar, al mismo tiempo, la eficiencia en la gestión pública y en el gasto.

Es importante aclarar, sin embargo, que el Ministerio de Administración Pública ya está dando los primeros pasos en esa dirección.



10-. Política  económica
Creo en una economía sana, ordenada, estable, y competitiva. La meta de la política económica será que la prosperidad llegue a todos, que se eleve el nivel promedio de ingresos, se erradique la pobreza y que  haya desarrollo humano en un ambiente de baja inflación.   

Me propongo conducir al país hacia el crecimiento sostenido de los sectores transables, expuestos a la competencia externa, pues son ellos los que tienen potencial de transformación de la economía y muy especialmente, de la creación de empleo de digno e ingresos para las grandes mayorías. Y esto así, sin que signifique descuidar los no transables, sino dar prioridad a los primeros.

La estabilidad y fortaleza de la moneda estarán sustentadas en la acumulación de divisas que deben ser generadas por los sectores productivos, y no en el incremento de los pasivos internacionales. También descansará en la existencia de cuentas fiscales sostenibles. 

Los medios de pago crecerán con mucha prudencia, en la medida en que la expansión de nuestras reservas internacionales lo permita. El tipo de cambio será el resultado colateral de una política económica sana, lo que garantiza la estabilidad.

Se procurará contener la inflación por debajo del 5% anual, lo que dará la oportunidad de que haya tasas de interés pasivas positivas, y tasas activas bajas.

El sector financiero será tratado con el cuidado que amerita un sector tan sensible, pero se inducirá mayor eficiencia, para reducir del margen de intermediación e impulsar el crédito a la producción y a las exportaciones.

Asimismo, se harán esfuerzos para evitar que las normas bancarias contengan aspectos adversos a la producción y más favorables al consumo. En adición, se propiciará el uso de los fondos de pensiones en proyectos productivos de largo plazo de maduración, en vez de que estén congelados.

La política fiscal se basará en un ejercicio de gasto público de calidad, que será utilizado en educación, salud, infraestructura básica y seguridad ciudadana, entre otros.
También me propongo perseguir un superávit primario de por lo menos el 2% del PIB para coadyuvar a reducir el coeficiente de deuda pública. De igual forma buscaré una solución más efectiva a la deuda cuasi fiscal, para evitar que su crecimiento siga causando distorsiones en la intermediación financiera, y se sigan acumulando pasivos, que al final, recaen sobre el Estado.

En ese sentido, como decía antes, me propongo convocar a los sectores económicos a la discusión y aprobación de un pacto de nación para resolver, de una vez por todas, los problemas estructurales que aún hoy siguen siendo un lastre para la modernización de nuestra sociedad y para el progreso de nuestros pueblos.

La población requiere trabajo digno, protección social, y seguridad ciudadana. Y eso me propongo conseguir.

Quiero en 4 años poner en marcha un cambio profundo en nuestra sociedad. Romper las barreras de la exclusión y la desigualdad. Incorporar a los ciudadanos al trabajo formal, productivo. Recuperar el espacio que reclama la mano de obra local. Hacer de la producción nacional la bandera para alcanzar los empleos e ingresos dignos que exige, con razón, nuestra población.

Quiero que la sociedad perciba que el gobierno está ahí para ellos y que tiene un rumbo claro, un destino que no entiende de privilegios ni de demagogia y que beneficia a todos. Vamos a devolverle su valor al bien común y a la convivencia, como único camino para el progreso de cada familia.  Recuperaremos la legitimidad de las leyes y de las normas sociales, desde las de tránsito a las más complejas, para que la población se sienta de nuevo protegida y guiada.

Quiero ser el líder de un gobierno que llega para resolver, para solucionar, para organizar, para guiar a la República Dominicana a una meta común, compartida por todos. Vamos a hacer renacer la autoestima de ser dominicanos.

Propongo un gran pacto de nación para que trabajemos juntos en cambiar al país, sin vencedores ni vencidos, con el concurso de los más lúcidos, los más motivados, sin banderías políticas, en el que tengan cabida todos los hombres y mujeres de buena voluntad que deseen ser útiles y deseen trabajar por su patria.

En definitiva, me comprometo con ustedes a continuar lo que está bien, corregir lo que está mal y hacer lo que nunca se ha hecho en la República Dominicana


Muchas gracias!!!!!







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